¿Por qué los Estados Unidos de América no han ratificado la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño? El poder de veto como nuevo marco de análisis para las políticas de salud.

Antecedentes: La Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño (CDN) consagra la salud como un derecho humano, junto con otros derechos de los niños, y cada Estado miembro se compromete legalmente a respaldar sus principios mediante la ratificación de la Convención.

De todos los Estados miembros de la ONU, solo los Estados Unidos de América no han ratificado la CDN. Objetivo: El presente estudio tuvo como objetivo determinar las razones por las que la CDN no ha sido ratificada por los Estados Unidos. Método: El diseño del método incluyó una búsqueda bibliográfica y entrevistas en profundidad con las partes interesadas clave en los campos de la salud mundial, los derechos del niño, la política sanitaria y el derecho estadounidense.

La aplicación del triángulo de la política sanitaria sistematizó los temas en contenido, contexto, procesos y actores, como opositores o defensores de la ratificación. Resultados: Si bien la mayoría de las opiniones publicadas favorecen la ratificación de la CDN, la literatura se centra principalmente en los pros y los contras de la ratificación, en lugar de en las razones por las que los Estados Unidos no la han ratificado. Los informantes de las entrevistas ampliaron los temas, revelando una situación de no ratificación que se ha vuelto cada vez más difícil de superar.

Basándose en la teoría del actor con poder de veto para explicar la situación actual e introduciendo un nuevo marco de análisis de políticas, el "punto de inflexión del veto", se revela que, dentro del proceso de ratificación, actores poderosos en un punto de inflexión del veto han tomado decisiones antidemocráticas, obstaculizando la ratificación de la CDN. Conclusión: Esta investigación ha creado un nuevo marco de políticas, el "punto de inflexión del veto", que examina los sistemas políticos en los que los actores políticos, como actores con poder de veto, tienen un poder extraordinario para tomar decisiones ejecutivas en contra de la opinión pública y en contra de una buena política sanitaria.